El presidente Nayib Bukele emitió una instrucción para prohibir el uso del llamado “lenguaje inclusivo” en todas las escuelas públicas y dependencias del Ministerio de Educación. La medida, respaldada por la ministra Karla Trigueros, busca “garantizar el buen uso del idioma” y prevenir “injerencias ideológicas”. Esta decisión ha generado reacciones en organizaciones de derechos humanos, medios y sectores de la sociedad salvadoreña.
Contexto y motivaciones oficiales
Desde el 3 de octubre de 2025, el gobierno salvadoreño ha establecido una restricción formal al uso de expresiones como niñe, amigue, compañere, alumn@, jóvenxs, nosotrxs y formas similares que incorporan marcas de género no binario o simbología (“x”, “@”).
En su mensaje publicado en la red social X, Bukele afirmó:
“Desde hoy queda prohibido el mal llamado ‘lenguaje inclusivo’ en todos los centros educativos públicos de nuestro país.”
Por su parte, Karla Trigueros, ministra de Educación —quien proviene de formación militar— dijo que la medida responde a la necesidad de “consolidar una comunicación institucional clara, uniforme y respetuosa” y proteger a “la primera infancia, niñez y adolescencia de injerencias ideológicas que afecten su desarrollo integral”.
El documento remitido a los distritos escolares especifica que dichos términos “no serán admitidos por ninguna circunstancia” en materiales educativos, documentos oficiales y comunicaciones del sistema educativo.
Esta disposición se inscribe en una serie de medidas recientes del gobierno para “disciplinar” el ámbito escolar: a comienzos de agosto se establecieron normas sobre cortes de cabello, uniformes impecables y un estricto control del ingreso a los planteles.
Además, esta decisión contrasta con aquella que, en 2024, ya eliminó la perspectiva de género del currículo educativo público, como parte del rechazo oficial a lo que Bukele denomina “ideologías de género” en las escuelas.
Organismos de derechos humanos y activistas
Diversos colectivos y expertos en derechos lingüísticos y género han criticado la medida, advirtiendo que puede violar derechos constitucionales relativos a la igualdad, la libertad de expresión y el pluralismo cultural. Algunos señalan que la prohibición refuerza una visión normativa del idioma que invisibiliza identidades no binarias.
Aunque hasta el momento no se han publicado pronunciamientos oficiales de organismos internacionales específicos al caso, este tipo de restricciones en materia educativa suele llamar la atención de agencias de derechos humanos.
Medios como El País han reportado que la medida es “de estricto cumplimiento” y que se espera que todos los directores escolares ejecuten la orden. RTVE también recogió que “palabras como ‘niñe’, ‘todos y todas’, ‘alumn@’, ‘jóvenxs’ no serán admitidas por ninguna circunstancia”.
En redes sociales y portales digitales salvadoreños, algunos ciudadanos promueven un debate polarizado: unos apoyan que el idioma se mantenga “claro y unificado”, y otros denuncian una acción simbólica de control ideológico sobre la educación.
Resistencias legales o institucionales
Hasta la fecha, no se ha informado de recursos judiciales presentados oficialmente contra la medida. Tampoco se ha registrado pronunciamiento formal desde la Corte Suprema de Justicia ni la Sala de lo Constitucional sobre su constitucionalidad en relación con protección de derechos.
Tampoco hay declaraciones públicas por parte de partidos de oposición o legisladores que indiquen que presentarán controversias legales, aunque dicho silencio puede responder al ambiente político de dominio que el oficialismo ejerce en la Asamblea Legislativa.
Educación, inclusión y diversidad
La medida apunta directamente al lenguaje escolar y a los materiales pedagógicos. Esto supone que los libros de texto, guías docentes, exámenes y comunicaciones internas del ministerio serán revisados para eliminar cualquier rastro de lenguaje inclusivo. La eliminación del uso de ciertos vocablos podría tener impacto simbólico en la visibilidad de identidades diversas dentro del aula.
La prohibición del lenguaje inclusivo se suma a las reglas disciplinarias estrictas que el gobierno ha venido aplicando (peinados, uniformes, control de conducta). Estas acciones, justificadas por Bukele como parte de una “transformación educativa”, pueden reforzar un modelo autoritario de regulación escolar.
Si actores de la sociedad civil, docentes o estudiantes se sienten afectados constitucionalmente, podría generarse litigio en torno a la libertad de expresión o igualdad ante la ley. Además, el anuncio puede provocar protestas simbólicas o movilizaciones —especialmente en sectores universitarios y colectivos de diversidad sexual —, como expresión de rechazo a lo que ven como una restricción ideológica.
Imagen internacional
En el contexto latinoamericano y global, esta medida puede ser interpretada como un retroceso en políticas inclusivas. Países de la región han promovido el lenguaje no sexista como parte de agendas de derechos humanos y género, por lo que la acción de Bukele puede contrastar con dichas tendencias.
Con la instrucción de prohibir el lenguaje inclusivo en las escuelas públicas, el gobierno de Nayib Bukele da un paso más en su enfoque de control ideológico dentro del sistema educativo. Aunque sostiene que la decisión busca preservar la claridad lingüística y evitar “injerencias ideológicas”, la medida abre cuestionamientos serios sobre derechos fundamentales, pluralismo y diversidad en el ámbito educativo salvadoreño. Queda por verse si actores sociales o judiciales reaccionan formalmente, y cuál será el efecto real en las aulas de todo el país.
